UN GRAVE ATROPELLO A NUESTROS DERECHOS

La resolución 373/2013 del Ministerio de Justicia permite al RENAR publicar los datos personales de los legítimos usuarios. Como nunca antes, nuestros derechos están amenazados.

Los legítimos usuarios de armas de fuego, representados por ALUTARA, y la ciudadanía toda, enfrentamos hoy un grave, inaudito e inadmisible atropello a nuestros derechos constitucionales. A partir de la resolución 373/2013 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el RENAR quedó facultado a publicar los datos personales de quienes solicitan la tenencia o la portación de un arma, así como los datos de las armas objeto de solicitud, con el presunto fin de que "cualquier" persona en forma anónima pueda formular objeciones a tales solicitudes.

Consideramos que esta resolución constituye un atropello nunca antes visto hacia los ciudadanos respetuosos de la ley y que además excede de manera inadmisible las facultades del Ministerio, porque:

• Es INCONSTITUCIONAL por violar el art. 19 de la Constitución Nacional, sí como la Ley 25326 de Hábeas Data que resguarda la información sensible de cualquier ciudadano.

• Es discriminatoria, en la medida en que obliga exclusivamente a los registrados, es decir, a los legítimos usuarios pero nada dice de cómo "obligaría" a los delincuentes, es decir, a aquellos tenedores y portadores fuera de la ley, y, en esa inteligencia, segrega a los cumplidores del conjunto social porque son los "únicos" y "exclusivos" obligados a que se conozcan públicamente sus datos personales y qué tipo de material es lo que tienen como legítimos usuarios, dejándolos expuestos frente a la delincuencia como potenciales objetivos de acciones antijurídicas por parte de los delincuentes.

• Atenta flagrantemente contra del principio y derecho constitucional de legítima defensa

• Es contraria al principio de igualdad ante la ley y al principio de reserva constitucional en la medida que expone a los legítimos usuarios innecesariamente a una situación impropia de las facultades del Registro y del Ministerio de Justicia bajo su órbita, siendo que la Inspección General de Justicia ha restringido el acceso a la información de expedientes de sociedades comerciales dejando al descubierto una contradicción y desigualdad de trato inexplicable.

• Contradice el principio de inocencia a resultas de simples y meras "denuncias", que al ser anónimas comprometen el derecho constitucional y humano a la defensa en juicio y a la presunción de inocencia.

• Pone en peligro la seguridad de los legítimos usuarios y sus familias, ya que la publicación de sus datos personales con relación a la tenencia de armas los convierte automáticamente en un objetivo codiciado por la delincuencia individual u organizada, de modo que la resolución cuestionada hará únicos y exclusivos responsables penal y civilmente al Estado Nacional y a los funcionarios firmantes de la misma.

• Es un avance injustificado, inadmisible e improcedente sobre los derechos civiles, con el velado propósito de procurar forzar un desarme de la población honesta. Este “modus operandi", que han repetido a lo largo de la historia los regímenes totalitarios, termina siendo una manera perfecta de pretender subyugar a la población al negarle el derecho de resistencia a la opresión, derecho expresamente consagrado por nuestra Constitución Nacional art. 36 cuarto párrafo.

ALUTARA, como siempre lo ha hecho, defenderá a ultranza los derechos de los legítimos usuarios de armas, mediante todos los medios legales y políticos a su disposición.

No podemos admitir este atropello, ni que por vía oblicuas pretendan quitarnos el derecho a poseer y disfrutar de las armas cuya propiedad nos corresponde legítimamente con fines deportivos, coleccionables, históricos o de defensa de nuestras vidas y/o de las de nuestros seres queridos. Es tiempo de movilizarnos y de luchar por nuestros derechos.

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