El desarme en Brasil; un fracaso indiscutible

Por Fabricio Bebelo. Licenciado en derecho, investigador en seguridad pública y coordinador regional (NE) de la ONG Movimiento Viva Brasil.

El campo de la seguridad pública debería ser inmune a los experimentos ideológicos, ya que los conejillos de Indias son los individuos, los ciudadanos que forman la población de un país. Por lo tanto, cuando falla el experimento, es este conejillo el que muere, y esto, por desgracia, es lo que se ha repetido en Brasil.

El país ha elegido el camino equivocado cuándo identifica la grave situación de violencia homicida en el que estaba inmerso, buscando soluciones que pasaron lejos de la verdadera causa del problema y que solo querían trasladar a la sociedad la responsabilidad por ello. Los resultados fueron catastróficos y en la actualidad el índice de homicidios brasilero es el peor desde que comenzó a ser investigado, hace casi 35 años.

Los datos están disponibles en el avance de la edición de 2014 del “Mapeo de la Violencia”, el más confiable del país por tener el reconocimiento oficial por parte del Ministerio de Justicia, ya que se basa en el Sistema de Información sobre Mortalidad (SIM) del Ministerio de Salud. De acuerdo con este documento, el país de la Copa del Mundo de Fútbol y de los próximos Juegos Olímpicos alcanzó en 2012, el año más reciente con datos contabilizados, su récord anual absoluto de homicidios: 56.337 víctimas, con la mayor tasa histórica desde el inicio de su cómputo en 1980, de espeluznantes 29 asesinatos por cada 100 mil habitantes.

Son números impresionantes, mayores incluso que los de los países en guerra. Su explicación, aunque pueda incluir aspectos más complejos, como todo en seguridad pública, trae un factor preponderante para la agravación del cuadro: el error del desarme civil.

La idea del desarme se introdujo oficialmente en Brasil en 1997, cuando fue promulgada la primera ley efectivamente restrictiva al porte de armas por el ciudadano (Ley 9.437/97), tras la cuál ha sido creado también el SINARM – Sistema Nacional de Armas, destinado al riguroso control del movimiento legal de armas. Pocos años después, a finales de 2003, la legislación se tornó todavía más prohibitiva, con el “estatuto del desarme”, que tuvo como objetivo principal justamente reducir la cantidad de homicidios en el país. Consistía en la puesta en práctica de una ideología de desarme elaborada por la ONU, aunque sin ninguno ejemplo comprobadamente positivo.

Obviamente, de nada sirvió. Los homicidios, como hemos visto, no han sido reducidos sino que, al contrario, han llegado ahora a su pico y lo que se decía que era una solución mágica se volvió un incuestionable y grandioso fracaso. Al instituir como regla general la prohibición de tenencia y portación de armas, el estatuto del desarme empezó a producir efectos en 2004, año en que fueron registrados en Brasil 48.374 homicidios. Cuatro años después, casi extinguido el comercio legal de armas, los números llegaban a 50.113 (2008) y desde entonces vienen en ascenso, hasta el récord de 56.337, registrado en 2012. En el mismo período, la cantidad de armas registradas en el país cayó en picada. De los cerca de 8 millones de registros que componían el cuadro inicial del SINARM, hoy apenas quedan aproximadamente 600 mil, dadas las severas restricciones impuestas al ciudadano, incluso para la renovación de aquellos registros que ya existían. La ley, de esa manera, además de no contribuir a la reducción de homicidios, ha provocado un enorme descontrol en la circulación de armas en el país, produciendo un efecto diametralmente opuesto al que se planteaba. La realidad práctica del experimento ideológico de desarme acabó por indicar que la reducción de las armas legalmente en circulación genera un crecimiento en la cantidad de muertes intencionalmente violentas. La comprensión de este aumento no es difícil. La cuestión es que las políticas de desarme, en Brasil o en otros países, solamente tienen la posibilidad de afectar los crímenes pasionales, aquellos tratados en el “Global Study on Homicide – 2014”, de la misma ONU, como “crímenes interpersonales”, cometidos por impulso y para los cuales tener legalmente un arma de fuego podría ser un facilitador. Sin embargo, la participación de esos crímenes en la cantidad total de homicidios en Brasil es diminuta, porque en el país, de acuerdo con el mismo estudio, la causa preponderante de los homicidios es la práctica habitual de actividades criminales, es decir, los asesinatos brasileros tienen relación directa con otros crímenes, sobretodo el narcotráfico y los robos. Mientras Brasil insistía en políticas de desarme que fragilizaban al ciudadano, dejó de combatir las actividades criminales en las cuales realmente transcurren los homicidios. Sin estar en el foco de las políticas de seguridad pública y con la sociedad gradualmente indefensa, la criminalidad se ha fortalecido y, con eso, más y más muertos se van contabilizando.

El cuadro es extremadamente preocupante. El aumento de la tasa de homicidios desde 2011 hasta 2012 alcanzó el 7% y su número absoluto ya se ha fijado en el rango de los 50 mil hace 5 años. Si el foco no se cambia y las políticas de seguridad pública no pasan a entender al ciudadano responsablemente armado como un aliado, en vez de un enemigo, en el año 2016 podrían resultar más records para Brasil, año en que se realizarán los Juegos Olímpicos a los que las víctimas del delito no podrán asistir.

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